La documentación presentada ante la Fiscalía describe un patrón reiterado de expedientes con gastos difíciles de reconstruir, vehículos particulares de funcionarios mantenidos con fondos públicos y, ahora, hasta una motocicleta municipal cuyo paradero se desconoce.
El eje de la primera presentación es contundente: la posible existencia de un mecanismo reiterado de administración y disposición de fondos públicos que habría dificultado reconstruir el destino final de importantes erogaciones municipales. La segunda denuncia agrega un episodio mucho más concreto: una motocicleta propiedad del Municipio, reparada con dinero público pocos meses antes del cambio de gobierno, que posteriormente no fue entregada a las nuevas autoridades y cuyo paradero actualmente se desconoce.
¿DÓNDE TERMINARON LOS RECURSOS PÚBLICOS?
Según surge de la denuncia principal, la auditoria realizada por la actual administración detectó en numerosos expedientes una serie de características que se repetirían una y otra vez: objetos administrativos genéricos, autorizaciones insuficientemente individualizadas, incorporación sucesiva de facturas y comprobantes, documentación agregada después de realizadas determinadas operaciones, registraciones contables posteriores a la ejecución financiera y dificultades para establecer con precisión qué bien o servicio correspondía a cada gasto.
El dato que, según la denuncia, transforma esas irregularidades en una cuestión que merece investigación penal es su reiteración.
No aparecerían concentradas en un solo expediente ni vinculadas a un único proveedor. La documentación analizada describe mecanismos similares en expedientes correspondientes a distintos funcionarios, vehículos y dependencias municipales.
La pregunta que queda planteada es sencilla, pero de enorme gravedad:
¿Se trató solamente de una administración desordenada o esos mecanismos fueron utilizados para dificultar deliberadamente el control sobre el destino de los fondos municipales?
Eso es precisamente lo que la denuncia pide investigar.
VEHÍCULOS PARTICULARES, PERO PAGADOS CON DINERO MUNICIPAL.
Uno de los capítulos más llamativos de la denuncia está relacionado con vehículos particulares de funcionarios que se encontraban afectados al servicio municipal.
La documentación presentada identifica expedientes vinculados al entonces intendente Carlos Ismael Martínez, al entonces secretario de Hacienda Francisco Ventura Martínez y al entonces secretario de Obras Públicas Raúl Figueroa.
La denuncia sostiene que los tres bloques documentales presentan una metodología administrativa sustancialmente similar: expedientes promovidos por los propios funcionarios beneficiarios, objetos genéricos, incorporación sucesiva de facturas, reiteración de proveedores y reparaciones, deficiencias documentales y utilización del mismo circuito administrativo y financiero.
En el caso del vehículo del entonces Secretario de Hacienda, un Toyota Etios, dos expedientes representan erogaciones conjuntas por aproximadamente $5.018.628, correspondientes a reparaciones, neumáticos, parabrisas, espejos, inyectores, lavados, mano de obra y otros conceptos.
En el caso del entonces Secretario de Obras Públicas, los expedientes analizados respecto de una Toyota Hilux de su propiedad particular representan aproximadamente $9.982.177 en reparaciones, neumáticos, computadora electrónica, amortiguadores, inyectores, tren delantero, lubricantes, filtros y otros trabajos.
Y en el caso del entonces intendente Carlos Ismael Martínez, la denuncia analiza cuatro expedientes vinculados a una Toyota Hilux dominio MXG-218, en los que aparecen múltiples reparaciones, repuestos y adquisiciones, incluyendo un dato particularmente llamativo: 17 cubiertas dentro del período auditado.
La denuncia no afirma que cada uno de esos gastos sea necesariamente ilícito. Precisamente por eso solicita pericias que permitan determinar si las reparaciones realmente se hicieron, si los repuestos fueron efectivamente incorporados a los vehículos, si eran técnicamente necesarios y si existieron duplicaciones o gastos injustificados.
UNA BOMBA DE AGUA FORD EN UNA TOYOTA HILUX.
Entre los elementos que la denuncia considera particularmente llamativos aparece una factura correspondiente a una bomba de agua Ford incorporada dentro de un expediente referido a una Toyota Hilux.
El documento no sostiene que eso pruebe por sí mismo un delito. Pero plantea una pregunta que deberá responder una investigación técnica:
¿A qué vehículo fue realmente destinado ese repuesto y quién puede acreditar su utilización?
La denuncia también señala que aparecen repuestos correspondientes a distintas marcas y modelos dentro de expedientes cuyo objeto formal estaba referido a una única unidad automotor.
EL EXPEDIENTE QUE PERDIÓ EL RASTRO.
Otro de los puntos centrales es el denominado Expediente Administrativo N.º 201/2025.
El expediente había sido iniciado para adquirir bienes y servicios destinados al mantenimiento de una Chevrolet S10 municipal.
Sin embargo, durante su tramitación comenzaron a aparecer comprobantes correspondientes a repuestos identificados para Toyota Hilux, además de otros bienes y servicios cuya relación con el objeto inicial no aparece suficientemente documentada.
El problema que plantea la denuncia no es solamente qué se compró.
Es algo todavía más básico:
¿A qué vehículo terminó destinado?
Según la presentación, el expediente dejó de permitir reconstruir por sí mismo el recorrido completo de determinadas erogaciones, obligando a recurrir a pruebas externas para determinar el verdadero destino de los bienes adquiridos.
Y el fenómeno, según la documentación denunciada, volvería a aparecer en otros expedientes: los números 573, 1250 y 1225, donde se describen nuevamente proveedores reiterados, repuestos de distintas marcas, conceptos mecánicos diversos y dificultades para reconstruir la correspondencia entre el objeto formal del expediente y los gastos incorporados.
Y EN MEDIO DE TODO ESTO, APARECE UNA MOTO QUE NADIE ENCUENTRA.
La segunda denuncia introduce un elemento particularmente sensible.
Se trata de una Gilera SMX 200, modelo 2014, dominio 502-KMN, cuyo titular registral es la Municipalidad de San Isidro y que se encontraba afectada a la Dirección de Tránsito.
La historia comienza el 25 de julio de 2025.
Ese día se inició el Expediente Administrativo N.º 1138/2025 para tramitar el mantenimiento y reparación de la motocicleta.
También aparece una factura emitida por Cristian Carlos Rivas por $420.000, con el concepto “Reparación moto Dirección de Tránsito de San Isidro”.
Cuatro días después, el 29 de julio de 2025, la Municipalidad efectuó efectivamente la transferencia de los $420.000 al prestador.
Hasta ahí, todo parece perfectamente documentado.
Pero después viene el dato que dispara la investigación.
El 10 de diciembre de 2025 asumieron las nuevas autoridades municipales.
Cuando comenzó el relevamiento patrimonial, la motocicleta no apareció.
No fue entregada a la nueva administración y tampoco se encontró documentación que acreditara que hubiera sido vendida, transferida, dada de baja, destruida o destinada legítimamente a otro lugar.
LA PREGUNTA DE LOS $420.000
La cuestión ahora es inevitable:
¿Quién llevó la moto a reparar?
¿Quién la retiró?
¿Cuándo fue retirada?
¿Quién recibió las llaves?
¿Dónde estuvo después?
Y, sobre todo:
¿Cómo puede desaparecer del patrimonio municipal un vehículo que había sido reparado y pagado con fondos públicos apenas unos meses antes?
La propia denuncia solicita que se cite al reparador para establecer quién le entregó la motocicleta, qué trabajos realizó, cuándo terminó la reparación y quién la retiró.
También pide que declare el anterior Director de Tránsito, Pedro García, para establecer quién utilizaba el rodado, quién tenía las llaves y documentación, quién dispuso la reparación, quién lo entregó y retiró y cuál fue su última ubicación conocida.
DOS DENUNCIAS, UNA MISMA PREGUNTA.
Vistas en conjunto, las dos presentaciones plantean una cuestión que excede ampliamente un expediente administrativo determinado.
La primera denuncia habla de pérdida de trazabilidad del gasto público: dificultades para reconstruir qué se compró, qué se reparó, quién lo recibió, a qué vehículo se incorporó y cuál fue el destino final de determinados recursos.
La segunda muestra un caso concreto de pérdida de trazabilidad patrimonial: existe el vehículo, existe su título, existe su afectación a Tránsito, existe el expediente de reparación, existe la factura y existe el pago. Pero después, el bien ya no aparece.
En otras palabras:
primero aparece la pregunta sobre dónde terminó el dinero; ahora aparece la pregunta sobre dónde terminó el bien.
LA INVESTIGACIÓN APUNTA AL CIRCUITO COMPLETO.
La denuncia principal solicita analizar documentación administrativa, información bancaria, movimientos de cuentas, usuarios habilitados para operar las cuentas municipales, firmas registradas, testimonios y pericias.
También identifica como testigos a personas que habrían tenido conocimiento de los movimientos y circuitos administrativos durante la gestión anterior.
La hipótesis jurídica planteada provisoriamente incluye la posible comisión de defraudación en perjuicio de la Administración Pública, peculado, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin cerrar la posibilidad de que durante la investigación aparezcan otras figuras penales.
Pero hay una precisión fundamental: ninguna de las denuncias equivale a una condena.
Lo que existe hasta el momento son denuncias, documentación administrativa y elementos que la representación municipal considera suficientes para solicitar una investigación penal.
Ahora deberá determinarse si las irregularidades fueron consecuencia de desorden administrativo, negligencia, incumplimientos funcionales o si, detrás de ese patrón, existió efectivamente un mecanismo deliberado para disponer o desviar recursos y bienes municipales.
LA PREGUNTA QUE QUEDA ABIERTA.
Mientras la Justicia comienza a mirar los expedientes, hay una pregunta que resume todo el caso:
¿CUÁNTO DINERO SALIÓ, QUÉ SE COMPRÓ, QUÉ SE REPARÓ, QUIÉN LO RECIBIÓ Y DÓNDE TERMINÓ?
Y ahora se suma otra:
¿DÓNDE ESTÁ LA MOTO MUNICIPAL QUE FUE REPARADA CON DINERO PÚBLICO Y QUE DESAPARECIÓ DEL INVENTARIO TRAS EL CAMBIO DE GESTIÓN?
Las respuestas, si existen, deberían estar en los expedientes, en las cuentas bancarias, en los registros municipales, en los proveedores, en los testimonios y, eventualmente, en las pericias que ordene la Fiscalía.
Porque si la documentación finalmente permite demostrar que todo tuvo una explicación administrativa legítima, la investigación deberá establecerlo.
Pero si, por el contrario, la pérdida de trazabilidad documental termina coincidiendo con una pérdida real de dinero y bienes públicos, la historia podría ser mucho más grave de lo que hoy muestran solamente los papeles.
La investigación recién comienza...
