Un informe elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET volvió a poner en discusión el financiamiento de la educación, la ciencia y la tecnología en Argentina.
El trabajo, titulado “El futuro del financiamiento educativo en debate”, advierte que las partidas nacionales destinadas a Educación y Cultura registraron una fuerte caída en términos reales durante los últimos años.
Según el estudio, en 2024 esa función tuvo una reducción real del 43,2% en comparación con el año anterior. Para los investigadores, el ajuste fue incluso más marcado que la baja general del gasto público nacional.
El informe también indica que la tendencia continuó en 2025, con una nueva caída real estimada en 7,9%. Además, señala que, si no se amplían las partidas previstas, en 2026 podría sumarse otro retroceso del 12,7%.
Uno de los puntos más sensibles aparece en el financiamiento de las universidades nacionales, las becas estudiantiles y los programas socioeducativos. De acuerdo con el relevamiento, las transferencias universitarias cayeron 5,4% en términos reales, mientras que las becas bajaron 42,5% y los programas socioeducativos se redujeron 49,5%.
El documento también vincula parte del recorte con la discontinuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, conocido como FONID, que funcionaba como un complemento salarial para docentes de las provincias. Al dejar de enviarse esos fondos, las jurisdicciones debieron afrontar una mayor carga financiera.
Otro punto señalado por los investigadores es la eliminación de referencias históricas de inversión mínima en educación, ciencia y tecnología. Según el análisis, ese cambio modifica el marco que durante años permitió medir el compromiso presupuestario del Estado nacional con el sistema educativo y científico.
Más allá de los números, el informe advierte sobre posibles consecuencias sociales y territoriales. Una reducción sostenida del financiamiento puede profundizar diferencias entre provincias, instituciones y estudiantes, especialmente en zonas donde el acceso a recursos educativos ya presenta mayores dificultades.
Desde el ámbito académico remarcan que la calidad educativa no depende únicamente de programas o reformas, sino también de condiciones concretas: infraestructura, salarios, becas, conectividad, materiales de estudio y acompañamiento a estudiantes.
La discusión vuelve a instalar una pregunta central: cómo sostener la educación pública, la ciencia y la tecnología en un contexto de ajuste fiscal, y qué rol deberá asumir el Estado nacional frente a las provincias, las universidades y los estudiantes.
