Me sirvo un mate, agarro unas facturas y escucho. Entre charla y charla, hay una pregunta que se repite entre los vecinos de San Isidro: ¿los concejales están siguiendo la causa por el dinero que no aparece debidamente justificado en las cuentas de la gestión anterior?
Comencemos, existe una investigación judicial en curso por el manejo de fondos provinciales destinados a obras públicas durante 2025.
Según la acusación fiscal, entre marzo y agosto de ese año ingresaron aproximadamente $946 millones a una cuenta oficial del Municipio. Los pagos documentados a favor de la empresa Aceros y Construcciones S.R.L. habrían alcanzado los $845.203.284,09.
La diferencia investigada es exacta: $100.796.715,91.
Además, la empresa contratista mantiene un reclamo administrativo superior a los $138 millones, otro elemento incorporado al expediente.
La Justicia sí avanzó.
El 27 de mayo fueron formalmente imputados el exintendente Carlos Ismael Martínez, el exsecretario de Gobierno Dante Darío Morato y el exsecretario de Hacienda Ventura Francisco Martínez, por la presunta malversación de caudales públicos.
Los tres permanecen en libertad y sin condena. Posteriormente, la Justicia les impuso restricciones procesales, entre ellas la obligación de presentarse cuando sean requeridos, la inhibición general de bienes y la prohibición de acercarse al edificio municipal.
El Concejo ya estaba informado.
El Concejo Deliberante recibió información sobre la situación durante una sesión extraordinaria realizada en diciembre de 2025. Allí se expusieron la falta de documentación respaldatoria, las inconsistencias financieras y las denuncias presentadas ante la Justicia.
Es decir: los concejales conocían la gravedad del caso desde el comienzo de la actual gestión.
Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no encontramos información pública sobre la creación de una comisión de seguimiento, pedidos de informes posteriores, resoluciones institucionales o explicaciones brindadas a la comunidad.
Eso no permite afirmar que ningún concejal haya trabajado sobre el tema. Pero, si lo hicieron, los vecinos todavía no conocen los resultados.
Las preguntas que esperan respuestas.
¿Qué concejales solicitaron acceso al expediente y a los informes contables?
¿Se analizó el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas?
¿Se pidió conocer el movimiento completo de la cuenta donde ingresaron los fondos?
¿Se conformó alguna comisión para determinar qué controles políticos y administrativos fallaron?
¿Los integrantes del Concejo que ejercían funciones durante 2025 explicaron qué fiscalización realizaron?
En fin, mira qué ricas las facturas.
Lástima que, cuando se trata de las otras —las que deberían ayudar a explicar qué pasó con más de $100 millones—, el sabor ya no es el mismo.
La Justicia avanzó e imputó a tres exfuncionarios. Ahora falta conocer algo más sencillo:
¿Qué hicieron los concejales de San Isidro desde que fueron informados?
