El Gobierno nacional reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La ley alcanza a adolescentes de entre 14 y 17 años imputados por delitos.
La normativa busca que los jóvenes comprendan la responsabilidad legal por sus actos y establece medidas orientadas a su educación, resocialización e integración social. Las penas privativas de la libertad tendrán un máximo de 15 años y deberán cumplirse en establecimientos especializados, separados de los adultos.
Supervisores especializados.
Uno de los puntos centrales es la creación del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Estos profesionales realizarán el seguimiento, asistencia y control de cada adolescente durante el proceso.
Los supervisores deberán contar con formación en educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social. Hasta que se conforme el registro definitivo, habrá un listado provisorio por un plazo máximo de 180 días.
Medidas alternativas y protección de las víctimas.
El sistema contempla alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño, monitoreo electrónico, prohibiciones de acercamiento y programas educativos o laborales. La privación de la libertad deberá aplicarse de manera excepcional y mediante una decisión judicial fundamentada.
También se garantiza a las víctimas asistencia especializada, protección efectiva y patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso.
Coordinación con las provincias.
El Ministerio de Justicia será la autoridad encargada de implementar el régimen en la Justicia nacional y federal. Además, se crearán un Comité Interministerial y una Mesa Federal para coordinar acciones con Seguridad, Salud, Capital Humano, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva legislación reemplaza al régimen vigente desde 1980 e invita a las jurisdicciones provinciales, incluida Corrientes, a adecuar sus procedimientos a las nuevas disposiciones.
