Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores de Corrientes busca establecer límites a la compra y tenencia de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.
La iniciativa fue impulsada por el senador provincial José “Pitín” Ruiz Aragón, del Partido Justicialista, y propone crear un régimen provincial de protección territorial frente al avance de capitales extranjeros sobre campos, reservas naturales y zonas consideradas estratégicas.
Según la propuesta, la titularidad, posesión o tenencia de inmuebles rurales ubicados fuera de los ejidos urbanos no podrá superar el 15% de la superficie total del territorio correntino cuando se trate de personas humanas o jurídicas extranjeras.
Además, dentro de ese porcentaje se fija otro límite: las personas o empresas de una misma nacionalidad no podrían concentrar más del 30% de esa cuota, con el objetivo de evitar que un solo grupo económico o país concentre grandes extensiones de suelo.
Protección de recursos estratégicos.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la protección de áreas sensibles para la provincia.
El texto plantea prohibir la adquisición de tierras por parte de extranjeros cuando se trate de inmuebles ribereños, campos que contengan cuerpos de agua permanentes de importancia o propiedades ubicadas en zonas de seguridad de frontera.
La iniciativa también menciona la necesidad de resguardar recursos clave para Corrientes, como los esteros del Iberá y las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, considerados fundamentales desde el punto de vista ambiental, productivo y estratégico.
Registro y controles.
Para controlar el cumplimiento de la futura norma, el proyecto propone crear un Registro Provincial de Tierras Rurales, bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial.
Ese organismo debería realizar un relevamiento catastral y dominial en un plazo de 180 días, además de emitir un Certificado Provincial de Habilitación para operaciones de compraventa rural en las que participen capitales extranjeros.
También se prevé que cualquier operación destinada a eludir los límites fijados por la ley, ya sea mediante testaferros o estructuras societarias complejas, pueda ser declarada nula.
Debate político y territorial.
El proyecto ingresó formalmente durante la sesión ordinaria del Senado y fue girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde deberá ser analizado antes de avanzar en el tratamiento legislativo.
Ruiz Aragón fundamentó la iniciativa en la necesidad de que Corrientes cuente con herramientas propias para resguardar su territorio, especialmente ante los debates nacionales vinculados a la Ley de Tierras Rurales.
Más allá de las diferencias políticas que pueda generar la propuesta, el tema abre una discusión de fondo: qué tipo de control debe tener una provincia sobre sus recursos naturales, su suelo productivo y sus áreas ambientales más valiosas.
En una provincia donde la tierra está ligada a la producción, al agua, al ambiente y al arraigo, el debate no debería reducirse solamente a una cuestión inmobiliaria. También se trata de definir hasta dónde llega la soberanía territorial y qué mecanismos son necesarios para proteger bienes que forman parte del futuro de todos los correntinos.
