La Justicia argentina dio un nuevo paso en la investigación por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires.

El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete ciudadanos iraníes y un libanés, acusados de haber participado en la planificación, organización y ejecución del ataque terrorista que provocó la muerte de 85 personas y dejó 151 heridos.

La resolución, desarrollada en un fallo de más de 600 páginas, permite avanzar hacia un juicio oral bajo el régimen de juicio en ausencia. Esta modalidad autoriza el juzgamiento de acusados que permanecen prófugos, siempre que cuenten con representación legal y se respeten las garantías del debido proceso.

Entre los procesados aparecen exfuncionarios del Gobierno iraní, antiguos integrantes de la Guardia Revolucionaria y personas vinculadas con la organización libanesa Hezbollah.

De acuerdo con la investigación judicial, la decisión de cometer el atentado habría sido adoptada por autoridades del régimen iraní y su ejecución habría sido encomendada a Hezbollah, mediante una estructura con conexiones internacionales y una red de apoyo regional.

El juez también ordenó un embargo de 500 millones de dólares para cada uno de los ocho procesados y calificó el ataque como un crimen de lesa humanidad.

La causa sostiene que los autores utilizaron una camioneta Renault Trafic cargada con aproximadamente 300 kilos de explosivos, que fue detonada frente al edificio de la AMIA durante una mañana de alta concurrencia.

Los acusados permanecen fuera del país y la resolución todavía puede ser apelada por la defensa oficial. Por esa razón, los procesamientos no constituyen condenas definitivas.

Después de más de tres décadas marcadas por irregularidades, encubrimientos y falta de condenas contra los responsables materiales e intelectuales, la decisión abre una nueva etapa judicial en una de las causas más dolorosas de la historia argentina.